02/02/2010
Las madres y padres de niños con diversidad funcional (dIscapacidad), Asociaciones, Federaciones, y sindicatos que han apoyado la campaña "Por el Punto diez en el Pacto Educativo de Estado", se congratulan ante el anuncio del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, de la inclusión del Punto 10 con el objetivo de "Fomentar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, y procurar los medios y recursos adecuados para garantizar la plena incorporación e integración, en condiciones de igualdad de oportunidades, de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo".
Sin embargo, permanecen activos y muestran su intención de continuar en su exigencia de que se garanticen varias medidas, tales como los apoyos según la necesidad del alumno, la formación del profesorado en diversidad y que se vincule a las Comunidades Autónomas en la obligatoriedad de organizar su atención educativa según estas pautas, involucrando al Ministerio como velador y vigilante de que realmente se lleve a la práctica una verdadera atención educativa (respetando los principios de la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad) basada en la Inclusión y en la garantía de que los apoyos y recursos estén disponibles para que realmente los alumnos con diversidad funcional no sean discriminados y puedan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones con sus compañeros.
Sin embargo, permanecen activos y muestran su intención de continuar en su exigencia de que se garanticen varias medidas, tales como los apoyos según la necesidad del alumno, la formación del profesorado en diversidad y que se vincule a las Comunidades Autónomas en la obligatoriedad de organizar su atención educativa según estas pautas, involucrando al Ministerio como velador y vigilante de que realmente se lleve a la práctica una verdadera atención educativa (respetando los principios de la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad) basada en la Inclusión y en la garantía de que los apoyos y recursos estén disponibles para que realmente los alumnos con diversidad funcional no sean discriminados y puedan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones con sus compañeros.
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